ABERRACIONES DE LA JURISPRUDENCIA COMUNISTA EN CUBA Y VENEZUELA

La tipificación delictual, o sea, la clasificación jurídica de las actividades delictivas, son materia de los códigos penales legislados bajo las constituciones nacionales. Tipo penal o tipificación es en Derecho Penal, la descripción precisa de las acciones u omisiones que son considerados como delito y a los que se les asigna una pena o sanción.

La obligación de Estado de tipificar los delitos deriva del principio de legalidad (Todo lo que no está prohibido está permitido) una de las reglas fundamentales del Estado de Derecho. De este modo, en cada legislación nacional o internacional, cada uno de los delitos que se pretenden castigar debe ser tipificado, o lo que es lo mismo, descrito con precisión. Si una conducta humana no se ajusta exactamente al tipo penal vigente, no puede considerarse delito por un juez. De este modo una norma penal está integrada por dos partes: el tipo y la pena.

En el Estado de derecho la tipificación de los delitos es una facultad reservada exclusivamente al Poder Legislativo. (Wikipedia)

Resulta, sin embargo, que los mamotretos constitucionales de estados comunistas, como Cuba y su espejo, la Venezuela de Chávez, se constituyen en sendas piezas de creatividad, al interpretar las tipificaciones a su antojo o incorporar nuevos tipos de delitos que en ninguna otra parte del mundo resultarían tales.

En una nota publicada este sábado en el diario El Nuevo Herald, se reportan declaraciones de la actual fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, que son reveladoras para ilustrar el grado de injusticia que constituye la norma en estos estados comunistas:

“La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, pedirá enjuiciar a quienes protesten en la calle por generar una "rebelión civil'' y "desestabilizar'' al gobierno del presidente Hugo Chávez, tras una semana de manifestaciones opositoras, informó este sábado un comunicado oficial.

"A quienes alteren la tranquilidad y la paz pública para producir inestabilidad de las instituciones, desestabilizar el Gobierno o atenten contra el sistema democrático, vamos a solicitarle su enjuiciamiento'', dijo Ortega, según el texto.

Para Ortega, algunas personas buscan "cualquier motivo para marchar, para crear caos, lo que sea, lo que quieren es desestabilizar (...) incitando incluso a la desobediencia de las leyes''.

Miles de opositores venezolanos manifestaron el pasado sábado en Caracas para protestar por la nueva Ley de Educación, pero fueron dispersados con bombas lacrimógenas por fuerzas de seguridad, cuando al parecer algunos de los participantes intentaron romper el cordón policial que les impedía avanzar hacia la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento).

Según Ortega, "dichas conductas encajan perfectamente en el delito de rebelión civil'', el cual establece penas de prisión de 12 a 24 años, rezó el comunicado.

"Yo quisiera que aquellas personas que se alzan en actitud hostil contra el gobierno legítimamente constituido, sepan cuáles son las consecuencias'', advirtió.

Esta semana, 11 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, que encabeza el opositor Antonio Ledezma, fueron apresados bajo cargos de "lesiones graves y resistencia a la autoridad'' durante una protesta en contra de una ley, que aseguran, amenaza sus puestos de trabajo.

"Se están cerrando calles, avenidas, impidiendo el libre tránsito de los venezolanos, alterando la paz y la tranquilidad pública, con cuyas acciones (...) están atentando contra el gobierno constitucionalmente electo'', manifestó Ortega.

El dirigente William Ojeda, del partido opositor Un Nuevo Tiempo, denunció que "se está criminalizando el ejercicio de un derecho como lo es el protestar'' y que se utiliza "el sistema de justicia como un instrumento de persecución política e ideológica''.

De esta manera, lo que es un derecho constitucional se convierte, en manos de estos artífices de la censura y la represión, en un delito calificado, al que corresponde una pena de reclusión, bajo condicionantes que solo aplican para actos de guerra, terrorismo o grave alteración del orden público.

La primera aberración de esta amañada jurisprudencia lo constituye el hecho de que ni en Cuba ni en Venezuela actualmente, existe independencia de poderes y el jurídico está subordinado directamente al ejecutivo, que es Chávez, un dictador por decreto que sin embargo se ampara en un modelo democrático para extender e intensificar su control omnímodo del país.

Lo que hemos visto en Cuba es el origen de lo que vemos y veremos en Venezuela, Ecuador, Nicaragua y cualquier otro país que caiga en la órbita del Fidelo-chavismo. En Cuba, la llamada “Ley de peligrosidad” tipifica arbitrariamente la posición política de un individuo para atribuirle “intentos pre-delictivos” que ya pueden de por si ser juzgados y penados, una abstracción de lo delictual basada en una consideración completamente subjetiva de la parte acusadora.

Es fácil llegar a tales aberraciones legislativas en países como Cuba y Venezuela, por no mencionar su discipulado latinoamericano, por el hecho de que ideológicamente está comparada cualquier oposición al sistema imperante como una contrarrevolución desestabilizadora consecuente con principios reaccionarios y derechistas promovidos por el imperio norteamericano.

Es interesante como el propio Fidel Castro, en una reciente charla propagandística con unos jóvenes venezolanos, recién graduados de derecho, les comenta que “alguien puede no ser un ladrón, no ser un delincuente, y a la vez no ser un revolucionario.” En ese comentario de excepción estriba la clave del pensamiento de Castro y su ahijado Chávez, en el hecho de que, “excepcionalmente”, alguien que no es revolucionario puede no ser un criminal, lo que para esta definición ideológica implica una rareza. Por mero silogismo, “todo antirrevolucionario es un criminal, salvo rarisimas excepciones.”

El abandono del derecho romano y la incursión en una filosofía jurídica que considera a todo el mundo culpable, hasta que pruebe su inocencia, es la pieza medular de los regímenes comunistas y ello les permite elaborar, como en laboratorio de azufrina alquimia, sus decretos encaminados a descabezar de plano cualquier intento de disención o protesta.

Los delitos en Cuba pecan de absurdos en esa sub-realidad en que los jerarcas del socialismo mangonean a la plebe. De esa manera, actividades naturales del libre comercio en cualquier rincón del mundo que no sea la isla de Cuba, son penadas con un rosario de tipificaciones ad hoc, solo por las implicaciones ideológicas nocivas que traería a la nación sojuzgada el libre ejercicio de un derecho civil. Vender o comprar, fabricar, alquilar, traspasar, etc. , en cuanto a productos o propiedades , quedan fuera de la ley revolucionaria, que a ratos, y por conveniencias o válvulas de escape, permite algunas actividades y entonces le aplica altos gravámenes y pagos de licencias.

Nada queda, sin embargo, para los derechos de libre asociación, reunión o manifestación pacífica, aunque también haya una especie de limbo legal en el que medran desde hace algunos años agrupaciones disidentes, pero solo por el hecho de que el regimen comunista de los Castro está cada vez más sometido al escrutinio internacional por la presencia en su territorio de prensa acreditada del mundo entero.

La visita, esta semana, de varios parlamentarios europeos, al domicilio del doctor Darsi Ferrer, preso en una cárcel de alta seguridad por aparentes delitos de peculado, ponen en el tapete los rejuegos del regimen para penalizar a sus oponentes sin tener que presentar directamente sus motivaciones ideológicas.

La causa de Darsi Ferrer, -incluso lo manifiesta la esposa de Ferrer en un reportaje en video de la cadena CNN, difundido por Youtube-, es por haber adquirido unos sacos de cemento para hacer reparaciones necesarias en su desastrada vivienda. El Dr. Darsi Ferrer es un connotado seguidor en Cuba de los movimientos de Derechos Humanos que anualmente celebra discretas marchas en apoyo a esos principios universales, constantemente vulnerados en Cuba.

En dias pasados, un simple ciudadano cubano que en estado de ebriedad ganó una inmerecida fama internacional por haber gritado ante una cámara de video que en Cuba hay hambre, ha sido condenado a dos años de internamiento carcelario, pero solo aparentemente porque no tiene trabajo, y ello conduce a una tipificación de su caso como “peligrosidad pre-delictiva”. Todo el mundo sabe que el tal “Pánfilo” ha sido internado en un centro penitenciario por haber gritado publicamente sobre el hambre en Cuba.

De la misma manera, cientos de cubanos en la isla son condenados a diario bajo tipificaciones delictivas arbitrarias y mal cosidas a las situaciones para sacar de la circulación esas molestas presencias sin tener que admitir que están ejerciendo actos represivos, sobre todo en un país en el que el propio dictador, Fidel Castro, ha repetido en diversas ocasiones que en su gobierno “no hay un solo torturado, no hay un solo desaparecido.”

Con las nuevas leyes penales que Chávez aplica a los medios de prensa en Venezuela, disfrazándolas de edictos civiles y penas por violaciones del espectro mediático, pero solo en su aspecto técnico, el gobierno comunista de Caracas inicia una operación sistemática de barrido de toda oposición, y para colmo ahora se cercena incluso el derecho espontáneo, personal y sagrado a la protesta individual o colectiva por medios pacíficos, para acabar de sellar toda posibilidad de que el regimen se venga abajo.

Invitamos a los juristas cubanos, venezolanos y de otras naciones libres del mundo, a aportar su conocimiento y visión sobre estas arbitrariedades llevadas a cabo por los regimenes comunistas. Hagamos campaña perenne por el esclarecimiento de la verdad y la injusticia conque estos tiranos someten a nuestros pueblos. Demostremos a quienes todavía no tienen claro que clase de sátrapas y bandidos gobiernan a nuestros desdichados países, cual es la realidad que vivimos.